Más de 50 años trabajando por los más vulnerables

Una historia de servicio

La Fundación Servicio Jurídico Popular surgió luego de un acuerdo al que llegaron el entonces Presidente de la República, Misael Pastrana Borrero, y el Presidente del Banco Popular, Eduardo Nieto Calderón, en marzo de 1971. A partir de ese momento, el Banco ha apoyado ininterrumpidamente la Fundación con un soporte económico que garantiza la continuidad de esta institución sin ánimo de lucro.

En su historia, la Fundación ha sido dirigida por José Vicente Piñeros Torres, Manuel Arbeláez Parra, Carlos Germán Navas Talero, Eduardo González Durán, y hace cinco años está al frente la abogada Ximena Calderón Medina.

Desde su creación, la entidad ha funcionado en una bella casa de patrimonio histórico ubicada en la Calle 36 No. 13 – 31 como única sede. Comenzó con cinco abogados y la planta administrativa, atendiendo un promedio de 10 consultas por día. Actualmente cuenta con 15 abogados y 11 estudiantes de Derecho, con un promedio de 35 consultas diarias. En las proyecciones de la Fundación está la de ampliar su cobertura a un mayor número de personas, abriendo nuevas sedes en la ciudad.

Nuestro Equipo

Contamos con un equipo de trabajo de quince abogados, altamente capacitados, especializados en diferentes áreas del derecho, quienes junto con once estudiantes de derecho, contadores, secretarias, entre otros, desarrollan los objetivos de la Fundación. Tenemos un equipo de más de diez conciliadores adscritos al Centro de Conciliación.

Nuestra Promesa

Llevamos 50 años trabajando por el derecho de acceso a la justicia en Colombia, enfocando la gestión en tres ejes centrales: educación a los Colombianos sobre sus derechos y obligaciones, igualdad frente a la justicia para personas en condiciones de vulnerabilidad y el fortalecimiento de la conciliación como método alterno de solución de conflictos.

Nuestra Misión

Ser líderes en la prestación del servicio de orientación y asistencia legal con sentido social, preservando los derechos fundamentales de igualdad jurídica del ciudadano común ante la ley y de solidaridad social, manteniendo la responsabilidad de sus ejecutorias, buscando el crecimiento personal y profesional de nuestro recurso humano.